Esta semana se llevará a cabo una audiencia pública para presentar la Canasta Básica Energética
(CBE) y los nuevos criterios de subsidios para usuarios de bajos ingresos en gas y electricidad. El
objetivo es abordar la superposición e inconsistencia de beneficios que, según el Gobierno, han hecho
que el gasto público sea desigual e ineficiente durante años.
La propuesta de un nuevo esquema contempla criterios de exclusión para aquellos hogares donde
alguno de sus miembros posea al menos una aeronave, una embarcación, dos o más propiedades
inmuebles, o si el automóvil tiene menos de cinco años de antigüedad.
Para los hogares que pasen el primer filtro de selección, el acceso al subsidio se determinará
comparando los ingresos declarados por los miembros del hogar utilizando datos del Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Este análisis se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética, la
cual establece los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares en
diversas regiones, meses del año y tipos de suministro. Con este nuevo esquema, la Secretaría de
Energía busca resolver las inconsistencias generadas por la acumulación de programas y subsidios
vigentes que se reflejan en una misma factura.
Según estudios de consumo solicitados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), los precios
subsidiados no reflejan los costos reales de producción, transporte y distribución de energía.
Asimismo, se destaca que algunos usuarios en situación de vulnerabilidad pueden estar recibiendo
múltiples beneficios simultáneamente, lo que contribuye a la confusión y al desvío de recursos.
Se menciona también que la segmentación tarifaria realizada mediante el decreto 332/2022 no
estableció límites al consumo subsidiado, lo que generó distorsiones en los precios y un aumento
constante en el monto de los subsidios financiados por el Tesoro Nacional.
Finalmente, se advierte sobre la inclusión automática de beneficiarios y la duplicación de beneficios, lo
que ha ampliado el alcance de los subsidios a personas que no necesariamente los necesitan, lo que
complica tanto a las autoridades como a los usuarios, que desconocen el verdadero valor de los
servicios y los subsidios recibidos.