El 15 de agosto de 2025 se produjo un giro clave en el largo litigio internacional por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hizo lugar al pedido de Argentina y resolvió suspender la ejecución de la orden que exigía la entrega del 51 % de las acciones de la petrolera, dictada semanas atrás por la jueza Loretta Preska.

La decisión implica que, mientras dure el proceso de apelación, el Estado argentino mantendrá bajo su control el paquete mayoritario de YPF, considerado estratégico no solo por su peso en el mercado energético, sino también por su valor político. La medida fue celebrada por el Gobierno, que destacó que el fallo otorga un respiro en medio de una negociación legal compleja y con implicancias económicas de gran magnitud.

Otro punto relevante es que la justicia estadounidense autorizó al Departamento de Justicia de EE. UU. a intervenir como amicus curiae (amigo del tribunal). Este respaldo refuerza la posición argentina y marca un precedente de peso, ya que implica un aval institucional de Washington para que el caso sea revisado con mayor profundidad.

La reacción en los mercados no tardó en sentirse. El índice S&P Merval cerró con una suba del 1,8 %, mientras que las acciones de YPF repuntaron un 1,39 %, reflejando el alivio de los inversores. Sin embargo, la situación financiera de la empresa sigue siendo delicada: en su último balance trimestral reportó una caída cercana al 90 % en su utilidad neta, afectada por menores precios internacionales de los combustibles y una demanda interna debilitada.

¿Qué viene ahora?

El calendario judicial marca dos fechas clave:

• 25 de septiembre de 2025: Argentina deberá presentar formalmente sus argumentos de apelación.
• Semana del 27 de octubre de 2025: se realizará la audiencia oral en Nueva York, justo después de las elecciones legislativas.

Los especialistas advierten que la resolución definitiva podría conocerse recién en 2026, lo que significa que el país seguirá bajo la incertidumbre de un juicio multimillonario. Aun así, el “stay” dictado por la Cámara le permite al Gobierno ganar tiempo para negociar y evitar la pérdida inmediata del control sobre YPF.

En síntesis, lo ocurrido el 15 de agosto fue una victoria parcial pero significativa para Argentina. El país mantiene el control de la petrolera y suma un aliado inesperado en la justicia estadounidense. Sin embargo, la batalla legal está lejos de terminar: los próximos meses serán decisivos para definir no solo el futuro de YPF, sino también el rumbo de la relación de la Argentina con los tribunales internacionales y con los mercados.